En el marco del Simposio Permanente Educar para la Democracia: “Ciudadanía y derechos: retos para fortalecer la democracia”, que congrega en Lima a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y la Pontificia Universidad Católica de Chile, académicos de las tres instituciones reflexionaron sobre los crecientes desafíos que enfrenta la democracia en América Latina.
¿Qué es la ciudadanía hoy? ¿Qué retos enfrenta la democracia frente a la emergencia de los movimientos sociales y las migraciones transnacionales? Estas fueron algunas de las interrogantes abordadas por académicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el contexto del cuarto encuentro del Simposio Permanente Educar para la Democracia. Esta instancia trilateral reúne también a la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y a la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El primer panel tuvo por objetivo profundizar en el concepto de ciudadanía, así como en las perspectivas y debates actuales sobre derechos, deberes, identidad y representación ciudadana. Expusieron Carmen Ilizarbe, docente de Ciencia Política en la PUCP; Rodrigo Mardones, académico del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Instituto Milenio VioDemos; y Felipe Rey, docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. La sesión fue moderada por Sebastián Líppez, decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
La académica Carmen Ilizarbe abordó la creciente tensión que se manifiesta actualmente entre la ciudadanía y los propios estados democráticos. Explicó que, tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo una expansión sostenida de la democracia, junto con la creación de instituciones orientadas al desarrollo económico y social, enmarcadas en una concepción liberal. Esto generó una mayor conciencia social en torno a los derechos.
Sin embargo, con la creciente complejidad de las sociedades y una mayor diversidad, han emergido distintos reclamos ciudadanos. “El siglo XXI es también el tiempo en que la ciudadanía se ha expresado masivamente en distintos lugares del mundo, en defensa de sus derechos, y a menudo exigiendo su ampliación. Es una época de protestas masivas por causas diversas”, afirmó Ilizarbe. Mencionó ejemplos como la Primavera Árabe, el movimiento de los Indignados y Occupy Wall Street, que representan formas de movilización ciudadana espontánea y articulada en redes sociales, pero sin necesariamente consolidarse en organizaciones o proyectos institucionales. Paralelamente, advirtió un endurecimiento de los gobiernos democráticos ante el disenso ciudadano. “Se han desarrollado prácticas autoritarias y represivas, y hay un proceso de recorte progresivo de derechos”, agregó.
Por su parte, Rodrigo Mardones explicó que el concepto de ciudadanía se compone de cuatro elementos principales: identidades, deberes, derechos y virtudes. Llamó la atención sobre cómo muchas veces el énfasis excesivo en los derechos ha dejado de lado los otros componentes. “Es importante recalcar que nuestra conversación sobre ciudadanía debe ir más allá, y pensar en los deberes, requerimos trabajar en las virtudes y en la identidad”, afirmó.
El también investigador del Instituto Milenio VioDemos, se refirió que se hace necesario “realizar un trabajo de evaluar cuáles son las virtudes críticas que debiéramos promover para contar con una ciudadanía democrática”. Entre estas están las corrientes liberales, progresistas e inclusivas, que aluden a atributos como ser responsables en las conductas públicas de ciudadanía, participativos u orientados a la justicia, entre otros.
Felipe Rey, académico de la Pontificia Universidad Javeriana, sostuvo que hoy vivimos en un mundo político donde la representación se ha fragmentado entre actores institucionales y no institucionales, incluidos los propios ciudadanos. Según Rey, también hay una importante responsabilidad de los ciudadanos en la crisis de representación, que no se limita a la elección que se hace de candidatos políticos, sino que cuando alimentamos el conflicto político sin mayor razón, cuando agredimos a otras personas en redes sociales. “El peso de los ciudadanos representantes es enorme”, afirmó. También advirtió sobre el modo en que las nuevas tecnologías y los algoritmos están cooptando la conversación pública en las redes sociales.
Rey propuso avanzar hacia una “democracia de la amistad”, que favorezca la colaboración y la acción colectiva. “Nuestras democracias necesitan instituciones no solo para el conflicto, sino también para la amistad; instituciones que recuerden a los ciudadanos que comparten un proyecto común”, dijo. Como ejemplo, mencionó las bibliotecas públicas, espacios de encuentro y convivencia en condiciones de igualdad. Destacó además el surgimiento de nuevas formas de representación, como las asambleas deliberativas, compuestas por ciudadanos seleccionados aleatoriamente, que deliberan sobre temas públicos y formulan recomendaciones. Este formato ya ha sido implementado en países como Canadá, Irlanda, Francia, Colombia y Brasil.
Movimientos sociales y migración
El segundo panel, titulado “Ciudadanía expandida: movimientos sociales y migraciones transnacionales”, contó con la participación de Cécile Blouin, docente del Departamento de Derecho de la PUCP e investigadora asociada del Instituto de Democracia y Derechos Humanos; Nicolás Somma, docente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y Diana Garcés, investigadora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Moderó el encuentro Patricio Bernedo, académico del Instituto de Historia de la UC y director del Centro UC para el Diálogo y la Paz.
Cécile Blouin abordó la situación migratoria de los venezolanos en Perú. “¿Cómo construimos el concepto de ciudadanía cuando consideramos a la población migrante venezolana como indeseables o como ciudadanos de segunda clase?”, cuestionó. Según cifras oficiales, hay 1,7 millones de venezolanos en Perú. Junto con abordar las dificultades que tienen para regularizar sus papeles, la investigadora afirmó que los migrantes se desenvuelven en un clima particularmente hostil. Así se refirió a descalificaciones xenófobas por parte de parlamentarios peruanos, mecanismos de vigilancia en ámbitos como el de la vivienda, dificultades para operar por parte de las Organizaciones No Gubernamentales, entre otros temas.
Sin embargo, Cécile Blouin afirmó que en el trabajo de campo detectaron diversos ejemplos de mujeres que se han organizado “para hacer frente a este clima hostil y donde existe ausencia de políticas de inclusión”. Es así como han ido generando redes de apoyo y estrategias para sobrevivir al proceso migratorio.
Nicolás Somma, por su parte, analizó el fenómeno de las revueltas urbanas en América Latina, señalando que en los últimos 40 años ha habido 38 episodios de este tipo, con un aumento notorio desde 2017. Explicó que entre los ciudadanos y el Estado existen pactos –explícitos o implícitos– que definen derechos, deberes y expectativas. Estos pactos tienen una dimensión legal y moral, y su erosión produce descontento que, ante factores detonantes como escándalos de corrupción, puede generar estallidos sociales.
“En América Latina tenemos un período de construcción de pactos, relacionadas a la transición a la democracia, que sucede generalmente en los años 80, y luego se produce un proceso de erosión de estos pactos, que generan un descontento latente, que pocas veces se expresa y se intelectualizan, pero que ante ciertos factores precipitantes, como las transgresiones morales de autoridades políticas, producen revueltas urbanas”, explicó Somma.
Entre los tipos de pactos de ciudadanía en América Latina identifica dos socioeconómicos (el pacto redistributivo y el meritocrático) y dos sociopolíticos (pacto de honestidad democrática y de seguridad ciudadana). Según Somma, en el caso del pacto redistributivo, por ejemplo, este se rompe, no tanto porque haya aumentado la desigualdad, sino por el incremento de su visibilidad. Al generar la modernidad, mejores mecanismos de transporte, como el metro, o conectividad a internet y las redes sociales, las personas son testigos de las desigualdades que existen, lo que puede producir expectativas y también una mayor frustración, que puede gatillar una revuelta.
Diana Garcés, investigadora del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, se refirió a la problemática de la migración venezolana en la selva de El Darién, ubicada en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá. “En vez de hablarse de la migración como una crisis humanitaria, pasa a ser un asunto de seguridad nacional”, explicó. Mencionó que a menudo se habla del fenómeno de la “crimigración”, una muestra de que se le da una connotación negativa, incluso de crimen, al derecho de migrar. A lo anterior se suma la tendencia a militarizar la frontera, cuestión que la investigadora señaló también se produce en otros países de la región, como México y Chile.