Expertos analizan cómo la desinformación, la violencia y las economías ilícitas desafían la democracia en América Latina
Académicos de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Perú se reunieron en Bogotá, en el marco del Simposio Permanente Educar para la Democracia, para analizar escenarios que hoy tensionan los procesos electorales y la confianza institucional en la región.
¿Qué ocurre cuando los procesos eleccionarios se ven tensionados por campañas de desinformación, discursos polarizados, violencia territorial y la irrupción de economías ilícitas con capacidad de influencia política? Esta pregunta cruzó la discusión del Simposio Permanente Educar para la Democracia, realizado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia (Bogotá), donde académicos de las tres instituciones convocantes, que también incluye a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Pontificia Universidad Católica de Chile, reflexionaron sobre algunos de los retos más complejos que enfrenta hoy América Latina en materia democrática.
Bajo el título “Medios y elecciones: desinformación, polarización, fake news e inteligencia artificial”, la mesa 4 fue moderada por Nicolás Somma, profesor del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Mesa 4: “Medios y elecciones: desinformación, polarización, fake news e inteligencia artificial”
Uno de los expositores fue Jorge Acevedo, doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor principal del Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y especialista en comunicación política y sistemas mediáticos. Su ponencia examinó el caso peruano tras la segunda vuelta presidencial de 2021, marcada por la instalación pública de denuncias de supuesto fraude electoral luego de la estrecha victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori.
Acevedo explicó que, pese a que las acusaciones no lograron ser comprobadas ni por organismos electorales ni por instancias judiciales, la narrativa logró amplificarse rápidamente en medios digitales y tradicionales. “El sistema de prensa sirvió de cámara de eco y resonancia de toda esta estrategia”, sostuvo, aludiendo a cómo distintos actores políticos y también medios de comunicación reforzaron públicamente las sospechas sobre el proceso electoral.
Entre los principales efectos de estas acusaciones, Acevedo argumentó que se produjo un incremento de la desconfianza a las instituciones, pero también a las elecciones, incluso a la población migrante, junto con mayor incivilidad y discursos de odio. Además, mencionó que dejó en evidencia que la élite política tenía un débil compromiso democrático, así como una crisis de un periodismo crítico e independiente.
Jorge Acevedo, doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor principal del Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú
La segunda exposición estuvo a cargo de Liliana Gómez, doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad Pathéon-Assas (París) y profesora asociada del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, quien investiga la comunicación política electoral, redes sociales y populismos en América Latina.
Su ponencia, titulada “Entre la esperanza y la ira: una campaña que nos polariza y nos emociona”, presentó resultados preliminares de una investigación sobre emociones en contenidos publicados por candidatos presidenciales colombianos en YouTube entre octubre de 2025 y enero de 2026.
La académica explicó que, aunque al inicio de la campaña predominó la esperanza, la ira apareció como una emoción particularmente eficaz para generar visibilidad digital.
“La ira está siendo la emoción más relevante para los candidatos”, señaló, agregando que la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta clave para seguir la evolución emocional de las campañas electorales.
La tercera intervención correspondió a Ingrid Bachmann, doctora en Periodismo por la Universidad de Texas (Austin) y profesora titular de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es además presidenta electa de la International Communication Association y ha investigado la desinformación, comunicación política y género.
En su presentación “Comunicación política, desinformación e inteligencia artificial en la era de los algoritmos”, Bachmann subrayó que la desinformación electoral constituye un fenómeno complejo, difícil de abordar únicamente desde la corrección factual.
“La desinformación no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, nunca habíamos tenido una tecnología tan efectiva para difundir desinformación tan rápidamente”, afirmó.
Explicó que estos contenidos suelen apelar a emociones intensas, simplificar narrativas y repetirse estratégicamente para generar familiaridad y apariencia de verdad, lo que incrementa su capacidad de viralización. En ese sentido, agregó que hay estudios que sugieren que la desinformación se viraliza seis veces más rápido que la información verificada.
Estado, justicia y nuevas presiones sobre la democracia
La conversación se desplazó luego hacia una segunda dimensión de la crisis democrática: la relación entre violencia, crimen organizado y el debilitamiento institucional, así como la incidencia de las economías ilícitas en el sistema político.
La mesa “Violencia y crimen, justicia transnacional y elecciones” fue moderada por Patricio Bernedo, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro UC para el Diálogo y la Paz.
Mesa 5: “Violencia y crimen, justicia transnacional y elecciones”
La primera exposición estuvo a cargo de Ulda Figueroa, abogado, doctor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinador del área de estudios en justicia del Centro Justicia y Sociedad UC, quien presentó la experiencia chilena del modelo ECOH, impulsado por la Fiscalía de Chile para integrar persecución penal y atención temprana a víctimas de delitos vinculados al crimen organizado.
Figueroa sostuvo que la atención a víctimas puede convertirse en un factor decisivo para recuperar la legitimidad institucional, en un entorno marcado por una creciente desconfianza hacia los tribunales de justicia.
La idea central es que potenciar la atención a víctimas de delitos puede transformarse en un catalizador de la confianza en la justicia”, señaló.
Explicó que ECOH reúne en un mismo equipo a fiscales, analistas criminales y profesionales especializados en atención a víctimas, quienes acuden tempranamente al sitio del delito. Allí no sólo colaboran en la recolección de antecedentes para la investigación, sino que también entregan primeros auxilios psicológicos y generan un vínculo de acompañamiento que facilita la permanencia de las víctimas en el proceso judicial.
Según indicó, esta estrategia ha permitido mejorar la adherencia de las víctimas a las investigaciones, levantar información relevante para esclarecer delitos y reducir niveles de impunidad, especialmente en casos donde las víctimas o sus entornos mantienen algún grado de exposición frente a organizaciones criminales.
Durante su primer año de implementación, agregó, el modelo permitió aumentar en 30% la identificación de imputados, elevar en 45% las formalizaciones y mejorar en 26% la obtención de prisiones preventivas.
Luego intervino Alejandro Sánchez, politólogo, magíster en Estudios Políticos y director del Observatorio Cali Visible de la Pontificia Universidad Javeriana, abordó la relación entre competencia política subnacional y violencia electoral en distintos departamentos colombianos.
Citó cifras de la Misión de Observación Electoral que muestran que en 2023 las afectaciones contra liderazgos políticos aumentaron cerca de 70% respecto de 2019.
Según explicó, la fragmentación partidaria ha fortalecido la autonomía de élites locales, generando escenarios donde actores legales e ilegales interactúan en la disputa territorial.
“La interacción entre élites legales e ilegales es un rasgo estructural en parte de la construcción del Estado colombiano”, afirmó.
Alejandro Sánchez, politólogo, magíster en Estudios Políticos y director del Observatorio Cali Visible de la Pontificia Universidad Javeriana
La mesa cerró con la exposición de Zaraí Toledo Orozco, doctora en Ciencia Política por la Universidad de British Columbia y profesora de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien es experta en gobernanza de recursos naturales y economías ilícitas.
Su ponencia analizó el peso político creciente de actividades como la minería informal, la tala ilegal y las economías extractivas no reguladas en Perú.
“En el Perú las economías extractivas ilícitas han ido ganando terreno hasta participar en política abiertamente”, sostuvo.
Toledo explicó que estas actividades no sólo movilizan grandes recursos económicos y dinamizan economías locales, sino que también generan capacidad de presión política, especialmente en regiones altamente dependientes de commodities.
Según señaló, este proceso ha permitido que autoridades subnacionales pasen de tolerar estas actividades a transformarse en sus voceros, articulando demandas frente al Estado central e incluso influyendo en campañas y debates legislativos.
“Las autoridades subnacionales pasan de tolerar estas economías extractivas ilícitas a formar grupos de presión con sus líderes”, afirmó.
Entre sus conclusiones, advirtió que el fenómeno ya no se limita al plano económico, sino que comienza a incidir directamente en la competencia política y en la calidad de la democracia. Añadió que, pese a la magnitud del fenómeno, sólo una parte minoritaria de los partidos políticos peruanos incorpora propuestas claras frente a sus efectos ambientales e institucionales.